Muy mal parada la llamada institucionalidad frente a los bochornosos hechos que rodearon las elecciones atípicas que acaban de concluir en este municipio, con un sabor agridulce para la maltrecha democracia.
Los propagandistas de la escuela de Goebbels, el tristemente célebre ministro de propaganda del Führer, han sostenido que repetir una mentira mil veces la convierte en verdad, en Colombia el rebaño de Álvaro Uribe aplica esta tesis a la perfección con grandes réditos en el mundo político.
En Apartadó a punta de mentiras y empujoncitos de la llamada institucionalidad que nos rige en el marco del estado social de derecho, lograron llevar a las urnas a 20 mil personas, completamente seguras que su candidato Héctor Rangel Palacios cumplía con los requisitos legales para ser elegido alcalde de su municipio.
Llevar a 20 mil parroquianos a las urnas no es una odisea de poca monta, requiere de una intrincada logística, transporte, comida, hidratación y el pago de patinadores, un embeleco que se inventaron los políticos para la compra y venta de votos y hacerle así el quite a la ley.
Como lo sostuvo el abogado Brandon Arias y lo explicó con plastilina, el señor Rangel nunca pudo estar más mal asesorado jurídicamente, sus defensores decían lo que él quería oír” llegó a decir.
Varios respetados abogados de la región y de otras regiones opinaron con claridad meridiana lo chueco que estaba este proceso y que más temprano que tarde se caería como finalmente ocurrió, la campaña de Rangel demasiado contestataria tomaba estas opiniones como ataques, Nunca se detuvieron a hacer un análisis frío, serio de la realidad y seguían para adelante con los ojos vendados como caballos cocheros. Iban por el poder simplemente sin mirar diáfanamente nuestra intrincada legislación.
Como al pastel le faltaba la cereza, entonces fueron a caer en las garras de un juez prevaricador de Turbo a quien la autoridad que hoy derribó a Rangel debe ir por él también y aplicarle todo el rigor de la justicia, la misma que él le ha negado a los ciudadanos, pues no se justifica por ninguna razón que un funcionario de su experticia cayera así de fácil en un error tan visible, abunda la información en redes sociales sin aportar una sola prueba que, el operador de justicia recibió una millonaria bolsa por torcerle el cuello a la ley y favorecer una inscripción viciada, contra reloj y extemporánea del candidato Héctor Rangel, andamiaje que se fue al suelo ante la fragilidad de su construcción. En el calendario electoral ya habían vencido las fechas para tal inscripción.
Este último punto fue lo que precipitó la anulación de la votación de Rangel, ni siquiera el caso alcanzó a llegar al Consejo de Estado por no haber sido elegido y donde muy seguramente su nombramiento había caído por segunda vez, ante otra serie de inhabilidades que ya no es del caso citar. La piola se rompe por la parte más delgada dicen los campesinos.
Al candidato le dijeron a tiempo que tanto él como su segundo Eliecer Arteaga Vargas, estaban inhabilitados para que con tiempo alcanzaran a inscribir un nuevo aspirante cumpliendo con los requisitos legales, muy seguro habrían ganado limpiamente en las urnas, pero varios factores lo impidieron, la soberbia, las ansias de poder, la manía enfermiza de aferrarse a los cargos y otro de mucho más peso, Rangel secuestrado por unos malos asesores, casi todos contratistas desesperados por mantener sus privilegios a costa de su patrimonio político.
El curtido político José Phidalgo Banguero Zapata, a quien además llaman “el mentor de Rangel” se los dijo en público y en privado, como lo dijeron muchas respetables voces de Apartadó, pero no hubo oídos receptores a estos mensajes y las consecuencias fueron catastróficas.
Rangel ha demostrado que tiene capital político, no hay muerto político dice un adagio del pueblo, debe controlar sus barras bravas que terminan afectándolo, esas que micrófono en mano llamaban a derribar las puertas de la Registraduría a incendiar y tomar acciones de hecho, esas que derriban a patadas motociclistas porque simplemente cambiaron de bando, eso es lo más normal en una campaña, nadie está hipotecado ni amarrado a un candidato, entonces dónde quedan las libertades?
Si Rangel logra mantener el orden en su campaña, asumir el timón entre sus colaboradores cercanos y leales, si escucha y se asesora de abogados más responsables que lo conduzcan al acatamiento de la ley, no hacerle trapisondas, ni a saltarse a brincos los códigos, seguirá vivo políticamente, habrá Rangel para rato, de lo contrario puede muy fácilmente salir enredado en líos judiciales que puedan darle entierro de tercera a su proyecto político.
A los electores no hay que mentirles como se ha hecho costumbre, la verdad puede ser dura y cruel, pero esta prevalecerá, a Rangel no lo inscribieron por ser negro, pobre, por haber sido obrero, ni mucho menos porque la registradora es racista como le gritaban en sus narices. No lo inscribieron correctamente, legalmente, porque iba contra la ley.
Cuando esta terrible pesadilla política está a punto de terminar, que al día de hoy y por fortuna para todos no ha generado en hechos más violentos y críticos, sería importante para el fortalecimiento de la débil institucionalidad que tanto al juez prevaricador de Turbo le caiga todo el rigor de la justicia, lo mismo que se investigue la conducta y proceder la Registraduría Municipal del Estado Civil de Apartadó, cuya responsabilidad en este descalabro también debe ser esclarecida y aplicadas las sanciones y medidas administrativas de rigor. No todo puede ser impunidad.
Urabá- abril de 2025.